El aumento de la importancia de la gestión medioambiental ha propiciado que las empresas y el Gobierno centren esfuerzos en el fomento de un desarrollo económico sostenible. El sector financiero también se ha puesto en marcha con numerosas iniciativas y proyectos. Es aquí donde aparecen los bonos verdes: una alternativa sostenible de financiación.
A continuación vemos con detalle qué son los bonos verdes, para qué se utilizan y a qué categorías se pueden destinar y cómo es la situación emisión de bonos verdes en España.
📌 Índice
Qué son los bonos verdes
Los bonos verdes son una especie de títulos de crédito. Se trata de cualquier bono cuyos fondos estén destinados exclusivamente a la financiación de proyectos verdes, ya sean nuevos o ya existentes. Es decir, a financiar proyectos contribuyentes a la consecución de ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
Estos proyectos podrán recibir una certificación verde siempre que estén alineados con los Green Bond Principles (GBP), que establecen unas directrices para garantizar la honradez del mercado de bonos. En definitiva, son aquellos proyectos cuyo fin es la consecución de objetivos de desarrollo sostenible en diversas áreas como, por ejemplo, energías renovables, transporte limpio, gestión de residuos responsable, eficiencia energética, etc.
Para qué se utilizan los bonos verdes
A continuación, se exponen algunas de las categorías a las que se pueden destinar los bonos para ser certificados como ‘verdes’:
- Eficiencia energética: calefacción urbana, almacenamiento de energía, redes inteligentes, etc.
- Control de la contaminación y prevención: reducción de emisiones atmosféricas, tratamiento de aguas residuales, control de los gases invernadero, etc.
- Gestiona sostenible de recursos naturales y del uso de la tierra: cría de animales sostenible, agricultura sostenible, actividad forestal sostenible, etc.
- Energías renovables: producción, dispositivos, etc.
- Conservación de la biodiversidad acuática y terrestre: protección de entornos marinos, costeros, de cuencas, etc.
- Transporte limpio: público, híbrido, eléctrico, no motorizado, etc.
- Adaptación al cambio climático: incluyendo sistemas de apoyo, de alerta, etc.
- Edificios ecológicos: con certificaciones que sean reconocidos en el ámbito correspondiente.
- Adaptación de productos a la economía circular y/o ecológica, procesos de producción y tecnologías.
- Gestión sostenible del agua y también de las aguas residuales: incluyendo sistemas urbanos de drenaje, formas de mitigación de inundaciones, etc.
- Etcétera.
El 60 por ciento de los préstamos verdes se destina a proyectos de generación y construcción de energías renovables; principalmente a iniciativas eólicas o solares.
En definitiva, las empresas son conscientes de la importancia de trabajar en pro de la sostenibilidad, esto ha propiciado la consolidación de estos bonos como alternativa de financiación para iniciativas que fomenten una gestión sostenible de los recursos naturales. Pueden estar emitidos por instituciones públicas o privadas.
Referentes en financiación sostenible de España
Según el Informe Anual del Observatorio Español de la Financiación Sostenible de España de 2019, la emisión de bonos verdes y de otras alternativas de financiación sostenible mantienen una tendencia creciente en el ejercicio de 2019. La emisión a nivel mundial de bonos sostenibles se ha incrementado en más de un 50% con respecto al ejercicio de 2018; se emitieron bonos superando los 240.000 millones de euros.
España se posiciona como uno de los países con mayor financiación a proyectos sostenibles. La Comunidad de Madrid es uno de los pioneros en la emisión de bonos verdes, con la intención de que el 100% de la deuda sea de carácter sostenible. Además, las empresas emisoras de estos bonos también mejoran su imagen de marca. La inversión responsable y sostenible es ya una tendencia que animará a invertir dinero en cuidar el mundo.
Los 13 emisores socialmente responsables de España en 2019 son: Telefónica; Iberdrola; la Comunidad Autónoma de Madrid; el Instituto de Crédito Oficial (ICO); el Gobierno Vasco; Administrador de Estructuras Ferroviarias (ADIF); la Comunidad Foral de Navarra; el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA); Acciona; Caixabank; Santander; Grenergy; y Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente.